El 15 de junio de 2017, bajo la consigna: “Marcha para que no quiten las pensiones por discapacidad”, tuvo visibilidad lo que habitualmente queda en el terreno de lo privado: los variados soportes humanos y tecnológicos que precisan las personas con discapacidad para tener una vida digna y modificar el aislamiento que la sociedad les impone. Estas situaciones, que suelen restringirse al ámbito personal, se presentaron en el terreno de lo político. La protesta constituyó una oportunidad para repensar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de los adultos en situación de dependencia, usualmente comprendida como un aspecto de las relaciones íntimas. En esta línea, el presente capítulo se propone reflexionar acerca del cuidado de estos grupos poblacionales como una cuestión de responsabilidad pública.