En contextos de crisis es cuando el comportamiento diferencial de las cooperativas y de la economía social, en relación a la empresa privada capitalista, se hace más patente y demuestra más claramente su función reguladora del sistema. Esta función macroeconómica de las cooperativas no ha pasado desapercibida a los poderes públicos nacionales e internacionales. Así, numerosos gobiernos han involucrado históricamente a las distintas formas de cooperativas en sus políticas sectoriales, en concreto, en las políticas agrarias y de desarrollo rural, en las políticas activas de empleo, en las políticas de vivienda, en las políticas financieras y en las políticas sociales. No obstante, esta atención pública a las cooperativas debe ser relativizada, porque en la práctica, raramente las cooperativas -y la economía social en general- han sido el objetivo preponderante en estas políticas. A este respecto las leyes de economía social y de desarrollo sostenible deben situarse entre ambas opciones políticas, si bien en la práctica se han revelado como políticas de carácter periférico en relación a la centralidad de las políticas de ajuste estructural aplicadas.